El Gobierno Nacional ha oficializado el régimen de propina electrónica, adaptándose a las tendencias globales. Este esquema será aplicable en múltiples sectores, permitiendo que los consumidores opten por gratificaciones digitales. La normativa, que comenzará a regir en 90 días, garantiza la voluntariedad y no afectará los salarios básicos.
Ideas Resumen:
- La propina electrónica permitirá a los consumidores elegir entre una gratificación física o digital, respetando la voluntariedad.
- Los comercios tendrán 90 días para adecuar sus sistemas, asegurando la operatividad y la libertad de elección del consumidor.
Un nuevo escenario para la gratificación en Argentina
El Gobierno Nacional ha dado un paso significativo en la modernización de las prácticas de consumo al oficializar el régimen de propina electrónica mediante el Decreto 731/2024. Esta medida se enmarca en un esfuerzo por alinear las costumbres locales con las tendencias globales, permitiendo que los consumidores elijan entre otorgar una propina de manera tradicional o digital.
Libertad y voluntariedad garantizadas
Federico Sturzenegger, titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, destacó que la implementación de la propina electrónica “no cambiará el carácter voluntario de esta práctica. En ningún caso será obligatoria”. Esta declaración refuerza la postura del gobierno de respetar la libertad del consumidor en la decisión de cómo y cuánto gratificar a los trabajadores.
Impacto en los trabajadores y comercios
Según la normativa, los importes en concepto de propinas electrónicas deberán acreditarse en la cuenta asignada a tal efecto de manera inmediata o en el menor plazo posible. Esta acreditación podrá ser directa al trabajador o a una cuenta especial del establecimiento. “Este sistema asegura que no habrá cambios en el salario básico ni se generarán contingencias laborales”, aclaró Sturzenegger a través de su cuenta en X (exTwitter).
Implementación gradual y flexibilidad
El Ministerio de Economía se reserva la potestad de eximir a ciertos sectores de la obligatoriedad de la propina electrónica, adaptándose a las particularidades de cada actividad comercial. Los comercios tienen un plazo de 90 días para adecuar sus sistemas, asegurando que estén preparados para implementar este nuevo esquema.
