Bajar la Edad de Imputabilidad o Modificar la Ley Penal Juvenil
En Argentina, la edad de imputabilidad está fijada en los 16 años. Sin embargo, la discusión sobre si debiese bajarse a 14 o menos está en el centro del debate político y mediático. Según datos de la Corte Suprema, en 2022 se registraron 1643 causas penales a menores, un 17% más que en 2021. Y en 2022, solo el 0,26% de las condenas fueron para menores de edad. ¿Es más el impacto social que la necesidad jurídica?
Ideas clave:
1. Contexto Legal: La Ley N° 22.278 data del año 1980. Establece el marco legal para la responsabilidad penal juvenil en Argentina en 16 años.
2. Impacto Social y Psicológico: Los efectos de criminalizar a menores pueden ser profundos y duraderos, tanto en su desarrollo personal como en la sociedad en general.
“Delito de adulto, pena de adulto”
Cada vez que escucho esta frase me acuerdo de Lucio Dupuy. Tantas veces maltratado por la indiferencia del adulto en cada rinconcito del Estado que desconfío de tamaña vara. Es tan así la rigurosidad del instrumento judicial, o se termina penando a quien en realidad se lo abandonó como niño y sus derechos, casi antes de nacer. Es una duda existencial
Lo cierto es que el debate sobre la baja imputabilidad del menor no es nuevo. En 2017 se propuso bajar la edad de imputabilidad a 14 años. No se logró. Y ahora en 2024, el Ministerio de Justicia y Seguridad presentó el Proyecto de bajar la edad a los 13 años.
La Cámara de Diputados comenzó a analizar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que propone un nuevo régimen penal juvenil para adolescentes entre 13 y 18 años. Durante una sesión informativa, el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, señaló, “La privación de libertad ha incrementado sin una disminución correspondiente en los delitos, así lo expresa la Corte Suprema en sus estadísticas”. Y destacó. “la situación de los menores en conflicto con la ley es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente luego con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo.”
Secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio, “la situación de los menores en conflicto con la ley es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina”
La Corte Suprema sostiene, según su propio informe que, en 2022, se registraron 1643 causas penales a menores de edad en la Justicia Nacional de Menores, un 17% más que en 2021. De estos, el 90.4% fueron varones y el 56% tenía entre 16 y 17 años. Además, el 93.4% de los menores imputados eran de nacionalidad argentina, y el 52.3% residía en la provincia de Buenos Aires. Adicionalmente, en 2022 se adoptaron 2244 resoluciones judiciales, la mayoría de ellas (2197) por juzgados nacionales de menores. De estas resoluciones, un 68.6% fueron sobreseimientos por mediar una causa de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad o excusa absolutoria. También se iniciaron 2036 causas, un 14% más que en 2021.
Mirar en contexto el delito y su relación con la minoridad muestra otro panorama. Así lo contextualiza Macarena Fernández Hofmann, coordinadora del equipo Política Criminal y Violencia en el encierro del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) resalta dos cuestiones sobre la efectividad de bajar la edad de imputabilidad: “Primero, el Poder Ejecutivo propone no solo la baja de la edad, sino también la privación de libertad como pena central. Ya podemos decir que, en Argentina, para adultos, la privación de libertad ha aumentado, sin acompañarse de un descenso del delito o mayor seguridad. Segundo, los delitos de menores son ínfimos; en 2022, solo el 0,26% de las condenas fueron para menores de edad.”
“El debate no debería centrarse en bajar la edad de punibilidad, eso sin dudas, sino en cómo debe ser un régimen penal juvenil que se ajuste a las garantías de derecho” Macarena Fernández Hofmann, coordinadora del equipo Política Criminal y Violencia en el encierro del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales)
En Argentina, se registraron aproximadamente 9,500 casos de delitos cometidos por menores de 18 años en 2022, la mayoría de estos delitos fueron robos y hurtos. Pero en el mismo año, hubo aproximadamente 880,000 delitos cometidos por adultos.
Análisis Comparativo Internacional y la Referencia NarcoRosarina
La problemática de la narcoinfancia en Rosario es más que cruel. Es la mejor radiografía del fracaso del Estado en todas sus áreas, y en la agonía de sus derechos. Con la absoluta perversidad de la connivencia de este. El uso y abuso de menores por parte de organizaciones criminales para la venta de drogas y la comisión de delitos es la mejor prueba. En 2023, se reportaron múltiples casos de menores involucrados en actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico. La utilización de menores en el narcotráfico no solo perpetúa la violencia y la criminalidad en la región, sino que también condena a los adolescentes a un ciclo de delincuencia y pobreza difícil de romper.
En Brasil, que en muchas situaciones se compara a la Ciudad de Rosario con los barrios populares y conflictivos de Rio de Janeiro, la edad está limitada a los 18 años, así lo dice el Código Penal brasilero: “Los niños menores de 18 años son penalmente inimputables, quedando sujetos a las normas establecidas en la legislación especial. Y los menores de 18 años cuentan con “medidas socioeducativas y varían desde 3 años de internación hasta la participación en proyectos educativos y culturales. Los delitos son los mismos que en el Código Penal, pero los menores de 18 años no son encarcelados” Las medidas están contempladas en el Estatuto del Niño y del Adolescente y no en el Código Penal.
Marisa Herrera, investigadora del CONICET, destaca que la evidencia internacional muestra que bajar la edad de imputabilidad no reduce la criminalidad juvenil. “Al contrario, puede empeorar la situación al estigmatizar a los menores y alejarlos de oportunidades de reintegración. Las políticas deben centrarse en abordar las causas subyacentes de la delincuencia, como la pobreza y la falta de acceso a la educación. En algunos estados de Estados Unidos, la edad de imputabilidad es tan baja como 10 años. Sin embargo, estos estados han implementado programas de justicia juvenil que se enfocan más en la rehabilitación que en el castigo.
La mayoría de los países europeos tienen una edad de imputabilidad fijada entre los 14 y 16 años. Estos países complementan sus leyes con sistemas robustos de apoyo social y educativo para los menores en conflicto con la ley y marcan la realidad socioeconómica como la gran levadura del delito juvenil.
El gran ejemplo es Inglaterra, la tasa de criminalidad juvenil en 2023 fue de aproximadamente 17,500 jóvenes (de 10 a 17 años) en contacto con el sistema de justicia penal en Inglaterra y Gales, con una tasa de reincidencia juvenil del 35%. La pandemia de COVID-19 exacerbó problemas preexistentes como la pobreza y la falta de acceso a la educación, contribuyendo a un aumento en la delincuencia juvenil. En el mismo año, hubo alrededor de 1.8 millones de delitos cometidos por adultos, con una tasa de reincidencia del 28%.
La baja imputabilidad del menor en Argentina sigue siendo un tema polémico y multifacético. Comparar los datos de delincuencia infantil y adulta en diferentes países muestra que la delincuencia juvenil es una fracción significativa de la criminalidad total, pero no necesariamente resuelta mediante la reducción de la edad de imputabilidad.
Hofmann lo asegura con claridad “El debate no debería centrarse en bajar la edad de punibilidad, eso sin dudas, sino en cómo debe ser un régimen penal juvenil que se ajuste a las garantías de derecho, al sistema de protección integral de derechos de los niños y niñas, partiendo siempre de la mirada de que un niño o una niña es una población que requiere especial protección, ¿no?. Porque son personas que están desarrollándose, que tienen necesidades especiales y sobre todo necesitan cuidados especiales. A la vez remarca la realidad de los adolescentes en conflicto con la ley vigente, “Esta idea de que los menores de 16 años hoy por hoy no tienen ningún castigo, eso no es real. Hoy por hoy, los menores de 16 años, es decir, aquellos que no son punibles, aquellos que no pueden entrar en un proceso penal, si son sospechados o cometieron un delito, sea cual fuese el juez, puede determinar su privación de libertad sin que medie un proceso penal para ellos, en los cuales se demuestre su culpabilidad y en los cuales tengan el derecho a defenderse.”
El informe de Unicef, en su documento ‘Ideas para contribuir al debate sobre la Ley de Justicia Penal Juvenil’, sostiene la misma línea argumentativa del CELS, y expresa un detalle no menor, el adulto detráss del menor, “los enfoques punitivos no resuelven los problemas de fondo. Además, en la mayoría de los delitos cometidos por menores de edad hay adultos involucrados –ya sea en la entrega de armas, la preparación logística, el narcotráfico o la comercialización de los bienes robados– dado que los adolescentes son más proclives a ser cooptados por organizaciones de adultos para realizar actividades delictivas. Por eso se requieren mayores esfuerzos desde las políticas de seguridad hacia los adultos para evitar que esa cooptación ocurra.”
Mientras termino esta columna me entero de que Argentina es el primer país del mundo en utilizar Fortnite (el juego, casi hábitat adolescente) como plataforma de promoción turística. Los pibes verán las ciudades argentas y por qué no en ellas propagandas políticas en las calles mientras juegan a matar. La pregunta existencial sigue siendo la misma: ¿Importa el pibe/ niño/ adolescente o lo que puedo usufructuar de esa ingenua, pero fructífera población que podrá votar a los 13 años? Dudar nos evita grande decepciones.
Por Sara Di Tomaso
