Proyecto de Ley Ómnibus: LA SUMA DEL PODER ABSOLUTO
El Gobierno presentó un extenso y ambicioso proyecto de ley que propone una serie de cambios significativos en la legislación actual, abarcando desde privatizaciones hasta la eliminación de las PASO.
El Gobierno ha enviado a la Cámara de Diputados un proyecto de ley de gran alcance, conocido como “ley ómnibus”. Este proyecto, que consta de 664 artículos en 183 páginas (extendiéndose a más de 300 con los anexos), propone numerosas y complejas modificaciones a las normas vigentes.
Además, la ley otorga al Poder Ejecutivo nacional delegaciones legislativas de emergencia pública en diversas áreas, con especificación de las bases que habilitan cada materia comprendida y con vigencia durante el plazo de dos años, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2025.
Entre los temas que aborda se encuentran las privatizaciones, la suspensión de la movilidad jubilatoria, la eliminación de las PASO, el blanqueo de capitales, cambios tributarios, penas para la protesta social y hasta la modificación de la composición de la Cámara de Diputados.
A pesar de la intención del oficialismo de avanzar “lo más rápido posible”, la extensión sin precedentes de la iniciativa sugiere que no será fácil realizar un trámite parlamentario exprés, especialmente teniendo en cuenta la minoría con la que cuenta La Libertad Avanza en el Congreso.
La próxima semana, se buscará activar cuatro comisiones en Diputados. Sin embargo, debido a la variedad de temas que se tratan en el texto, es probable que se requiera el tratamiento en otras comisiones que, por ahora, no se planeaban conformar durante el verano.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien recibió a Guillermo Francos, aseguró que el proyecto representa “el comienzo de una nueva Argentina” y expresó su deseo de avanzar “lo más rápido posible”. Se espera que la próxima semana se convoque a funcionarios para explicar la ambiciosa ley a los legisladores.
El artículo 1ro. del proyecto establece su objetivo de “promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales”.
