En 2025, la inversión educativa será de apenas el 0,88% del PIB, muy por debajo del 0,91% de 2024 y del 1,48% en 2023. Este presupuesto agrava la crisis educativa con un desfinanciamiento acumulado del 40% desde 2017, afectando principalmente a los programas destinados a la educación básica y tecnológica, mientras se privilegia la educación superior.
Resumen (dos ideas clave):
- Desfinanciamiento continuo: La educación recibe en 2025 la cifra más baja de inversión en una década, representando apenas el 0,88% del PIB, mientras que desde 2017 se ha recortado un 40% del presupuesto.
- Impacto crítico en programas esenciales: Programas clave como Conectar Igualdad son eliminados, afectando principalmente a los estudiantes más vulnerables, mientras la educación superior sigue recibiendo el 66,5% del presupuesto de la Secretaría de Educación.
Una inversión en mínimos históricos: 0,88% del PIB para 2025
El Proyecto de Ley del Presupuesto 2025 asigna solo el 0,88% del PIB a la educación, marcando el nivel más bajo en diez años. Esta cifra representa una caída significativa con respecto al 0,91% asignado en 2024 y al 1,48% invertido en 2023. Este nuevo recorte se suma al desfinanciamiento crónico que ha reducido el presupuesto educativo en un 40% desde 2017, generando una crisis que afecta tanto a la calidad educativa como a la equidad en el acceso a la educación en todo el país.
La Ley de Educación Nacional sancionada en 2006 establece que el Estado debe destinar al menos el 6% del PIB a la educación, pero la brecha entre lo estipulado y lo ejecutado se ha ampliado peligrosamente en los últimos años. Esta reducción en la inversión educativa afecta especialmente a los estudiantes de niveles inicial, primario y secundario, mientras se priorizan otros sectores.
Programas eliminados: la desigualdad tecnológica crece
Uno de los principales programas afectados por los recortes es Conectar Igualdad, un proyecto que había sido clave para garantizar el acceso de los estudiantes a herramientas tecnológicas, especialmente en las zonas más desfavorecidas. La eliminación de este programa en el Presupuesto 2025 aumenta la brecha digital entre los estudiantes de las grandes ciudades y aquellos que viven en áreas rurales o de menores recursos.
Otros programas importantes como el Mejoramiento de la Calidad Educativa y el Fortalecimiento Territorial también han sido eliminados, lo que agrava las desigualdades en el sistema educativo. Mientras tanto, los fondos se concentran en la educación superior, que recibirá el 66,5% del presupuesto de la Secretaría de Educación, dejando un 11,6% para el nuevo Plan Nacional de Alfabetización y un 7,3% para el programa de Gestión y Asignación de Becas.
El recorte en estos programas afecta directamente a la calidad educativa y a la capacidad del sistema para asegurar una educación inclusiva y equitativa para todos los estudiantes. Las consecuencias se verán a corto y largo plazo, con miles de jóvenes quedando fuera del acceso a tecnologías educativas y de la posibilidad de mejorar su nivel académico.
Desigualdad estructural: un problema que se profundiza
La crisis del presupuesto educativo impacta con mayor dureza en las provincias más pobres, que dependen en un 75% de los fondos nacionales para financiar sus sistemas educativos. Sin el apoyo adecuado del gobierno central, estas provincias no pueden sostener programas de calidad ni ofrecer mejoras en infraestructura y equipamiento. Esto genera una creciente desigualdad entre las regiones más ricas, que pueden compensar con recursos propios, y las más vulnerables, donde los estudiantes enfrentan mayores barreras para acceder a una educación de calidad.
El recorte en la inversión educativa también afecta las oportunidades futuras de los estudiantes, que ven cómo se desvanecen sus posibilidades de acceder a una educación que les permita competir en igualdad de condiciones. Sin los recursos necesarios, la educación se convierte en un lujo al que solo acceden quienes están en las grandes ciudades o en regiones con mejores ingresos, profundizando las diferencias sociales y económicas en el país.
El contexto es aún más preocupante cuando se considera la inflación. Si bien el proyecto de ley estima un incremento del 0,65% en los fondos nacionales para la educación en términos nominales, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) proyecta una nueva caída en términos reales, con una disminución del 1,18% en el presupuesto de la Secretaría de Educación y del 6,93% en la función “Educación y Cultura” para 2025.
