Violencia de Género, Reducen el AcompañAR
El Gobierno Nacional ha reducido la duración del Programa Acompañar de seis a tres meses y ha impuesto la obligatoriedad de presentar una denuncia judicial o policial para acceder a la ayuda. Estos cambios representan un retroceso significativo en la protección de las víctimas de violencia de género, poniendo en riesgo sus vidas y limitando su acceso a la justicia. El Equipo de ELA, Ela / Publicación analizó las consecuencias del recorte.
Un Coste Elevado para el Estado y la Sociedad
El reciente decreto que modifica el Programa Acompañar no solo afecta directamente a las víctimas de violencia de género, sino que también implica un mayor coste para el Estado. Estudios indican que intervenir de manera tardía en los casos de violencia de género es significativamente más caro que hacerlo a tiempo. En lugar de reducir recursos, el enfoque debería ser fortalecer programas que permitan a las mujeres y personas LGBTIQ+ buscar ayuda de manera oportuna y segura.
La Cruda Realidad Económica de las Víctimas
El informe del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género de 2023 revela una realidad alarmante: el 95,7% de las mujeres y personas LGBTIQ+ que solicitaron ayuda no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Con la reducción del apoyo a tres meses, las víctimas se enfrentan a un panorama aún más incierto, especialmente aquellas que tienen a cargo niños menores de 14 años, viven en condiciones precarias o pertenecen a grupos históricamente vulnerables como migrantes, personas con discapacidad, y afrodescendientes.
Tres Meses: Insuficientes para Salir del Círculo de Violencia
El acortamiento del plazo del Programa Acompañar a solo tres meses es un golpe devastador para quienes se encuentran en situaciones de riesgo extremo. Antes, los seis meses ya se consideraban insuficientes para construir una estrategia sólida de salida del entorno violento y alcanzar una mínima autonomía económica. Con esta reducción, el Estado les niega a las víctimas el tiempo necesario para reconstruir sus vidas.
La Obligación de Denunciar: Un Riesgo Adicional
La exigencia de una denuncia judicial o policial para acceder al Programa Acompañar es un requisito que puede poner en riesgo la vida de las víctimas. Solo 2 de cada 10 mujeres que sufren violencia deciden denunciar, lo que refleja la desconfianza en un sistema que no siempre ofrece la protección adecuada y que muchas veces revictimiza. Además, no todas las formas de violencia son reconocidas como delitos, dejando a muchas víctimas sin la posibilidad de recibir apoyo.
La Falta de Recursos para Acompañar la Denuncia
A pesar de la exigencia de denuncia, el Estado no ha provisto los recursos necesarios para que las víctimas puedan llevar adelante este proceso de manera segura. Actualmente, solo 11 abogados/as en todo el país integran el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género, lo que resulta claramente insuficiente para brindar el patrocinio gratuito que muchas mujeres necesitan. La fuerza del Programa Acompañar residía en su comprensión de que la denuncia debía ser un paso posterior a garantizar la seguridad y las necesidades básicas de las víctimas.
Sin Autonomía Económica, No Hay Escapatoria
La autonomía económica es fundamental para que las víctimas de violencia de género puedan romper el ciclo de violencia. Las posibilidades de éxito en las estrategias para poner fin a un vínculo violento dependen en gran medida de los recursos disponibles y de los dispositivos de atención, asistencia y protección que se puedan ofrecer. El Programa Acompañar brindaba un apoyo crucial para resolver necesidades básicas y urgentes, permitiendo a las víctimas dar los primeros pasos hacia una vida libre de violencia.
ALERTA
La reducción del Programa Acompañar y la imposición de la denuncia como requisito para acceder al apoyo representan un retroceso significativo en la lucha contra la violencia de género en Argentina. Las consecuencias de estas medidas podrían ser catastróficas, llevando incluso al regreso de las víctimas con sus agresores debido a la falta de apoyo adecuado. Es crucial reconsiderar estas decisiones para garantizar la protección y el bienestar de quienes más lo necesitan.
