“Organizaciones Civiles Condenan las Reformas Propuestas en el Proyecto de Ley de Bases por su Impacto Negativo en la Protección Ambiental”
En una misiva enviada a los miembros del Senado, 50 entidades de la sociedad civil expresan su preocupación por cómo el Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos podría perjudicar la protección del medio ambiente.
El Proyecto de Ley de Bases, presentado por el Ejecutivo Nacional y que ya cuenta con la aprobación parcial de la Cámara de Diputados, sugiere modificaciones que representan un retroceso significativo en la protección ambiental.
Un colectivo de más de 50 organizaciones civiles ha enviado una carta a los senadores, señalando que el Proyecto incluye artículos que contradicen principios jurídicos nacionales e internacionales en vigor. Destacan que la propuesta de ley infringe el principio de no regresión ambiental del Acuerdo de Escazú, ya que las reformas sugeridas implicarían una reducción de los niveles de protección ambiental ya establecidos. Además, advierten que el proyecto parece favorecer a las actividades económicas primarias y extractivas, lo que podría comprometer los compromisos asumidos por el país en materia de cambio climático en foros multilaterales.
Según la carta, la ley propuesta permitiría la eliminación de entidades esenciales para el sector, como la Administración de Parques Nacionales. También permitiría la disolución de fondos, ya de por sí limitados, destinados a la conservación de bosques nativos y la lucha contra grandes incendios. La aprobación de la Ley de Bases implicaría una inaceptable delegación legislativa en la gestión ambiental de los hidrocarburos, la concesión de privilegios fiscales y cambiarios a las industrias extractivas sin tener en cuenta las consideraciones sociales y ambientales, y la limitación de los espacios de participación pública.
“Para que Argentina se convierta en una potencia mundial, es esencial fortalecer lo que ya se ha construido y no destruir los logros obtenidos hasta ahora. Cualquier intento de retroceder en los niveles de protección y conservación del medio ambiente debe ser considerado ilegal e inconstitucional”, afirman al final de la carta.
Por lo tanto, las organizaciones instan a la Cámara de Senadores a rechazar las propuestas del Proyecto de Ley de Bases. Estas chocan frontalmente con los principios jurídicos y la normativa nacional e internacional vigente en el país, y perjudican los resultados económicos y productivos de diversas actividades que la norma pretende beneficiar.
Cuatro objeciones ambientales al Proyecto de Ley de Bases:
- Reforma del Estado y reorganización administrativa: Importantes organismos de la administración centralizada y descentralizada corren el riesgo de ver transformada su estructura jurídica, ver reducidas sus competencias o incluso ser eliminados. Entre ellos, la Administración de Parques Nacionales, que podría verse afectada directamente como resultado del artículo 3 del proyecto de ley. Se trata de una entidad clave para la preservación de los espacios naturales y la biodiversidad, que coordina políticas y acciones entre la nación y las provincias que han llevado décadas establecer. Otros organismos relacionados con cuestiones ambientales, como el Instituto Nacional del Agua (INA), el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) y el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA), la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) entre otros, también podrían verse afectados.
2. Fideicomisos Públicos El artículo 5 del proyecto de ley otorga al Ejecutivo la facultad de “modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fideicomisos públicos”. Entre los fondos de importancia para la política ambiental se encuentran el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el Fondo Nacional de Manejo del Fuego y otros fondos destinados al Desarrollo de Energías Renovables y a la promoción de la generación distribuida de energías renovables, como el FODER y el FODIS, respectivamente.
Según la Ley de Bosques, el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos debería recibir el 0,3% del Presupuesto Nacional. Sin embargo, en marzo de 2024, se ha programado un presupuesto 18 veces menor. Ante el aumento de incendios, ya sean intencionales o causados por la crisis climática, el gobierno nacional no ha ejecutado ni un solo peso de los $12.101 millones asignados al Servicio Nacional de Manejo del Fuego. En marzo de 2024, solo se han ejecutado $275 millones en la actividad de Manejo del Fuego, lo que representa el 0,01% de lo gastado en el servicio de la deuda. Estos datos indican que la disolución de estos fondos es una posibilidad real.
La disolución del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos implicaría la derogación tácita de los artículos 30 al 39 de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos (Ley 26.331): desaparecería el fondo destinado a compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos por los beneficios ambientales que estos proporcionan (art. 30) y a los propietarios de tierras donde se conservan los bosques nativos, perjudicando el desarrollo y mantenimiento de una red de monitoreo y sistemas de información de las diferentes jurisdicciones (art. 35).
Estos fondos son los pilares de las políticas ambientales en Argentina: son fundamentales por la importancia que tiene la protección de los Bosques Nativos en el mantenimiento de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático, o el Fondo Nacional de Manejo del Fuego para proporcionar las herramientas presupuestarias necesarias para enfrentar los crecientes incendios en nuestro país.
3. Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)
La instauración del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) busca atraer inversiones superiores a 200 millones de dólares destinadas a la exportación, ofreciendo una serie de ventajas aduaneras, fiscales, cambiarias y regulatorias. Al igual que el Régimen de Inversiones para la Actividad Minera, establecido en 1993 mediante la Ley N° 24.196, el RIGI concede estabilidad fiscal por un lapso de 30 años a las empresas beneficiadas a nivel nacional, provincial y municipal, restringiendo a estas tres jurisdicciones en su capacidad de incrementar los beneficios mencionados.
El RIGI amplía este régimen de privilegios ya existente en la minería hacia otros sectores, incluso usurpando facultades de los gobiernos provinciales. A diferencia de la Ley 24.196, que establece que la adhesión al Régimen minero es una opción de las Provincias, en el caso del RIGI, la aprobación del proyecto de ley Bases las incorpora de manera obligatoria.
Ninguno de los artículos específicos del RIGI impone condiciones a las empresas beneficiarias que requieran la presentación de Estudios de Impacto Ambiental ni la realización de Evaluaciones de Impactos Acumulativos de sus proyectos. Tampoco se establecen condiciones para la generación de empleo a nivel local, provincial o nacional, ni se explicita ninguna política de escalada en cadenas de valor o transferencia de tecnología.
No es posible separar la promoción de un modelo de matriz económica primario-extractivo y exportador, como lo propone el RIGI, de la degradación ambiental. Este tipo de medidas económicas siempre terminan atacando los controles ambientales e incluso reduciendo mecanismos de participación, afectando así la calidad democrática.
Cuatro. Reforma Energética
Es crucial señalar que el proyecto incluye una serie de disposiciones que benefician exclusivamente a las principales empresas del sector de hidrocarburos. Se propone una modificación de al menos 72 artículos relacionados con la normativa energética, abarcando aspectos fundamentales. La Ley de Hidrocarburos 17.319 (y 27.007) modifica 51 artículos, deroga 9 e incorpora 2 en formato “bis”; la Ley de Gas Natural 24.076 modifica 6 artículos, y la Ley de Autoabastecimiento Hidrocarburífero 26.741 también modifica 2 artículos, así como en los entes reguladores de gas y energía, y el régimen de energía eléctrica. Esta extensa reforma energética no solo erosiona la escasa soberanía nacional restante en el sector, sino que va en contra de los avances que consideramos necesarios en el sistema energético.
Además, se busca avanzar sobre la propuesta de declaración de Emergencia en Materia Energética por un período de un año, junto con la consiguiente delegación de facultades al Poder Ejecutivo. Esta medida, lejos de garantizar una respuesta eficaz a los desafíos energéticos, climáticos y ambientales en nuestro país, permitiría decisiones unilaterales y sin consulta, en un sector ya altamente concentrado.
Para leer la carta completa enviada al Senado, haga clic aquí (https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2024/05/Nota-a-Senadores-sobre-Proyecto-de-Ley-Omnibus-.pdf)
