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Acerca de la Autora

Periodista, graduada de la Universidad Católica. Su experiencia en comunicación se describe en casi 30 años de trabajo. Programa radial y sitio propio desde el 2002. Voceria en gestión gubernamental y de impacto en la Agenda Pública. Asesora en Reputación y Derechos Humanos. Disfruta el mediatraining y la formación de líderes. Innovó en el mercado de la Sustentabilidad Empresaria al fundar la primera Consultora que desarrolló Reportes Sociales en formato QR. Produjo y lideró variadas Campañas de bien público. Trabajó como productora general en diferentes radios y en Grupo Artear. Comunicar es mas que hablar.

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¿Qué implica bajar la edad de imputabilidad en Argentina?

  • agosto 10, 2023
  • 3 min read
¿Qué implica bajar la edad de imputabilidad en Argentina?

El asesinato de Morena Dominguez de 11 años en Lanús reavivó el debate sobre la reforma de la ley que regula la responsabilidad penal de los menores. Un proyecto que enfrenta el rechazo de organizaciones que defienden los derechos de la infancia.

Un problema complejo

La edad de imputabilidad se refiere a la edad mínima a partir de la cual una persona puede ser juzgada y condenada por un delito. Actualmente, la ley establece que los menores de 15 años no son punibles, y que solo los de 16 y 17 pueden ser pasibles de un proceso penal, con condenas.

Por eso, desde hace años se plantea la necesidad de crear un régimen penal juvenil acorde a los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Argentina en 1990.

El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad ha sido un tema recurrente en los últimos años, especialmente en épocas electorales. Varios precandidatos han expresado sus opiniones sobre el tema, y un nuevo proyecto fue presentado en el Congreso de la Nación para reformar la ley vigente .

El proyecto que alzó la voz en el pasado

El proyecto fue presentado por Diego Santilli, diputado de Juntos por el Cambio, hoy precandidato en las PASO a Gobernador de la provincia de Buenos Aires, desde el sector de Horacio Larreta y avalado por legisladores de Juntos, tiene como objetivo disminuir de 16 a 15 años la edad en la que pueden ser juzgados por delitos violentos. Además, la iniciativa incluye la creación de un fuero especializado en menores, penas diferenciadas para delitos graves, aceleración en los juicios con un plazo máximo de 2 años y dispositivos especiales para penas privativas de la libertad.

Los argumentos a favor de esta propuesta se basan en la necesidad de dar una respuesta eficaz al problema de la inseguridad y la violencia, así como en adaptar la legislación a las nuevas realidades sociales y culturales. Según Santilli, se trata de “un proyecto equilibrado que busca proteger a las víctimas y garantizar los derechos de los adolescentes”.

Quienes se opusieron

Quienes se oponen a esta medida argumentan que el problema de la delincuencia en menores no se resuelve con penas más duras. Organizaciones que defienden los derechos del niño y los adolescentes aseguran que esto implicaría “un retroceso inconcebible”.

El colectivo “Red Argentina No Baja”, formado por especialistas y organizaciones sociales, políticas, culturales, sindicales y de derechos humanos, rechazó el nuevo intento de Cambiemos e insistió en la “necesidad de crear un Régimen Penal Juvenil basado en los derechos humanos”. La red considera que es una medida ineficaz para solucionar la inseguridad.

Los argumentos en contra de esta propuesta se basan en datos que muestran que los menores tienen una participación marginal en el delito, que las medidas punitivas no tienen efectos disuasorios ni preventivos, y que lo que se necesita es una política integral que atienda las causas estructurales del problema, como la pobreza, la exclusión y la violación de derechos .

Un debate para respuestas efectistas

El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad en Argentina sigue siendo un tema controvertido y vigente. Mientras el oficialismo busca avanzar con su proyecto en el Congreso, las organizaciones sociales reclaman una reforma integral que garantice los derechos de los niños y adolescente en el ámbito jurídico, sino también en el social y el político.

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